El nuevo Decreto 0129 de 2024, busca fortalecer los derechos de las comunidades étnicas en Colombia, garantizando la protección y seguridad jurídica de sus territorios ancestrales y promoviendo su desarrollo económico, social y cultural en el marco de un enfoque de equidad y respecto a la diversidad.

Este decreto complementa el marco normativo relacionado con la ampliación y saneamiento de las tierras de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como los mecanismos para garantizar la protección y seguridad jurídica de los territorios que estas comunidades han ocupado ancestral o tradicionalmente. Se destaca puntos clave:

1. Marco Normativo
2. Reconocimiento de Derechos
3. Principios Rectores
4. Objetivos del Decreto

En el primer capitulo del decreto se establecen los fundamentos y principios que guían la protección de los derechos territoriales de las comunidades étnica en Colombia.

El Capítulo 2 del decreto presenta disposiciones procedimentales específicas para la ampliación y saneamiento de tierras pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Se detallan los pasos desde el inicio del procedimiento hasta la enajenación de las tierras, destacando la autonomía del procedimiento, la visita técnica, la resolución que decide de fondo y el registro de las decisiones.

Por otro lado, el Capítulo 3 establece disposiciones especiales relacionadas con la compra directa de predios para la ampliación del territorio colectivo de las comunidades negras, y el Capítulo 4 presenta el procedimiento para el trámite de las medidas de protección de los territorios ocupados ancestral y/o tradicionalmente por estas comunidades. Se resaltan puntos clave como la compra directa de predios, el traslado de pruebas, la complementariedad entre trámites, el procedimiento para medidas de protección, la demarcación e instalación de placa, la vigencia de las medidas y el presupuesto asignado para la implementación gradual de los mecanismos de protección.

En resumen, el Decreto 0129 de 2024 representa un avance significativo en el reconocimiento y protección de las tierras ancestrales y tradicionales de las comunidades étnicas en Colombia, al establecer procedimientos claros y mecanismos efectivos para garantizar sus derechos territoriales.