La Corte Constitucional de Colombia profirió la Sentencia T-248 de 2024, en la cual por primera vez hace referencia a lo estándares de protección constitucional que se deben tener en cuenta en la formulación, ejecución y seguimiento de las iniciativas REDD+ en territorios de Colectivos Étnicos.

La Corte realizó un ejercicio amplio de recopilación de información en donde se tuvieron en cuenta los postulados de las comunidades étnicas como accionantes, el sector privado en calidad de desarrollador de proyectos y la academia y sociedad civil. Para luego desarrollar un profundo análisis del contexto normativo internacional y nacional en la ejecución de las iniciativas REDD+, para lo cual incorpora reglas para la protección de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas, tales como:

1. Respeto por la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno de las comunidades en el diseño y ejecución de los proyectos REDD+, en este punto hace hincapié la corte en que los desarrolladores de las iniciativas deberán identificar las instancias de gobierno de las comunidades, desarrollar estrategias jurídicas que garanticen que las decisiones que se tomen se realicen a través de sus instancias representativas y de gobierno propio, ya que esto materializa la aplicación del conocimiento ancestral en las decisiones que atañen a los colectivos étnicos implicados.
2. Las iniciativas REDD+ deberán ser formuladas y desarrolladas, bajo el entendimiento de las dinámicas territoriales que las comunidades étnicas ejercen bajo su territorio colectivo, garantizando así el respeto por su cosmovisión, prácticas tradicionales y mecanismos de acceso al sustento.
3. Los proyectos REDD+ deben establecer mecanismos de garantía del derecho a la participación efectiva a través del criterio de proporcionalidad, por lo cual, las fases de formulación, delimitación de líneas de ejecución, entre otras, deberán estar precedidas de mecanismos efectivos de información con la comunidad.
4. Sumado a esto los desarrolladores de las iniciativas deberán ejercer un estricto cumplimiento al principio de debida diligencia en materia de derechos humanos. En este sentido, los desarrolladores deben velar por el cumplimiento del marco normativo nacional e internacional en la materia, tales como las salvaguardas socioambientales, evaluar los riesgos que atenten contra los derechos humanos de las comunidades, desarrollar medidas de transparencia en la transmisión de la información.
5. A su vez se deberá garantizar el ejercicio de la consulta y/o el consentimiento previo, libre e informado en caso de ser procedente.

Además, la Corte encontró que el estado colombiano a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior, debe fortalecer los lineamientos y regulaciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en el ejercicio de las iniciativas de mitigación de GEI. Así las cosas, se desplegaron entre otras las siguientes órdenes para las mencionadas entidades:

• Revisión y Modificación de Normativas: La Corte ordenó la revisión y modificación de la Resolución 1447 de 2018 para incluir mecanismos específicos que aseguren la protección de los derechos de las comunidades indígenas en los proyectos REDD+.
• Creación de un Cuerpo Normativo Adecuado: Desarrollo de un cuerpo normativo del Sistema Nacional de Salvaguardas que incorpore las salvaguardas sociales y ambientales necesarias para la protección de los derechos indígenas en estos proyectos.
• Fortalecimiento del RENARE: Mejorar el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE) para que verifique y publique información suficiente y actualizada sobre los proyectos REDD+ y su impacto en las comunidades indígenas.

El presente fallo representa un avance en la protección de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y establece lineamientos a aplicar por desarrolladores de proyectos en su actuación. Más sin embargo plantea grandes retos en política pública y de gestión administrativa que permitan garantizar el desarrollo de proyectos de acción climática que generan recursos para las comunidades étnicas, la materialización de sus derechos y la conservación de sus territorios.

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